 | Patente de corso, por Arturo Pérez-Reverte |
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Si dejamos de comprar libros tal y como lo hacemos hoy en día tampoco pasa nada, será porque estamos comprando otras cosas parecidas pero que nos resultan más interesantes, rentables o cómodas. 
Tranquilos, no estoy defendiendo la piratería ni que avancemos todavía más en el camino de la idiocia iletrada por el que nuestra sociedad cabalga con alegría y donaire propias de mejores fines, lo que quiero decir es que quizá dentro de un tiempo, y por supuesto gracias a los libros electrónicos, podemos tener interesantes alternativas al entrañable acto de ir a una librería y comprar un libro.
Y es que por mucho que un sector asentado se empeñe en mantener el statu quo del mercado, una revolución tecnológica como la digitalización de los contenidos supondrá necesariamente que casi todo cambie y que se establezcan nuevas relaciones entre empresas y consumidores, nuevos actores y nuevos modelos de negocio.
En este sentido, creo que en el mundo de la edición van a ocurrir las tres cosas, pero la más interesante de todas puede ser la aparición de nuevos modelos de negocio, es decir, que tengamos la posibilidad de dejar de comprar libros y, en lugar de ello, los alquilemos, los leamos a cambio de soportar publicidad o, vaya usted a saber, se distribuyan de forma gratuita por quién sabe qué extrañas pero económicamente rentables razones.
Lo importante de este cambio es algo que parece que muy poca gente ha percibido, de hecho, me atrevería a decir que nadie lo ha hecho en la industria editorial: que el formato digital y la posibilidad de hacer copias hasta el infinito a coste prácticamente cero implican la posibilidad de ganar dinero de otras formas que no son necesariamente el cobro de un precio fijo por ejemplar vendido.
Así, puestos a especular, se me ocurren muchas posibilidades que podrían ponerse en práctica para hacer llegar las obras a los lectores y el dinero a los autores y a los restantes eslabones de una nueva cadena de valor.
Por ejemplo, servicios de "tarifa plana" para cierto uso, al modo de lo que hace Spotify con la música y que, por supuesto que adaptado a las necesidades particulares de los lectores, podría ser una opción para los consumidores que más invierten en libros.
Más ideas: comercializar unidades distintas a las que actualmente compramos, es decir, vender cuentos o artículos sueltos en lugar de tener que agruparlos en un volumen mayor y más caro; o volver a la novela por entregas que dio alguno de los grandes éxitos (y de las grandes maravillas, pocos libros en la historia mejores y más divertidos que el Pickwick de Dickens) del libro en el siglo XIX.
O, por qué no, distribuir contenido gratuito que pueda después generar ingresos de forma indirecta, algo que no es tan sencillo como en el mundo de la música pero también puede ocurrir en los libros: las conferencias se pagan, los restantes libros de una serie se pagarían, una edición en papel muy cuidada podría pagarse...
Un concepto viejo que puede renovarse: la suscripción a colecciones de distinto tipo, que además con lectores electrónicos conectados a internet resultarían especialmente cómodas.
Otra posibilidad: acompañar la novela o el ensayo de algunos servicios que puedan disfrutarse a través de la web, o de un eReader con conexión a internet; el primer ejemplo que se me ocurre sería la entrada a una comunidad en la que se comente el libro y se disfrute de otra forma, algo que para los fans de series tipo Crepúsculo o Harry Potter podría resultar interesante pero que también podría serlo para los de otros tipos de libro más "serios" en los que en lugar de discutir de las gafas del mago se profundizase en teorías científicas o políticas.
Incluso yendo un poco más allá, pienso en la aparición de "libros" para cuyo disfrute completo se tenga que disponer de algo más que papel, como ya se ha hecho este año con la versión para iPad de Alicia en el país de las maravillas, de la que se ofrecen distintas versiones y que resulta algo a medio camino entre el libro, el videojuego o la aplicación.
En definitiva, hay muchas posibilidades que se pueden desarrollar con imaginación y, sobre todo, si se permite que el mercado actúe en libertad y sea por tanto tan creativo como lo es cuando no se intenta controlarlo para beneficiar a uno pocos o sostener aquello que ya de natural no hay forma de mantener.
Volviendo al título del artículo, si dejamos de comprar libros tal y como lo hacemos hoy en día tampoco pasa nada, será porque estamos comprando otras cosas parecidas pero que nos resultan más interesantes, rentables o cómodas. Y los autores y las editoriales quizá no pierdan sino que incluso ganen más dinero (lo que, al fin y al cabo, en el caso de los primeros tampoco es tan difícil).
Cada vez se vuelve más difícil recordar la distinción entre moral y ley y que te entiendan. Así, deja de resultar extraño que la SGAE o Teddy Bautista se defiendan de sus múltiples comportamientos inmorales alegando que la ley les da derecho a hacerlo.
Hace poco supimos de la millonaria pensión que se llevará a la buchaca Teddy Bautista cuando tenga a bien jubilarse. En el fondo no fue nada sorprendente: era el pastón que cabía suponer que ganaría el hombre que más ha hecho por destruir la imagen pública de la institución que preside y de los autores que representa. Pero resulta especialmente significativa su reacción, pues pareciera que mientras se ajuste a "la ley y la transparencia democrática" ya todo está bien. Sucede algo similar cuando se critica a la SGAE que cobre a peluquerías o a festivales benéficos. Su defensa es que la ley está de su parte.
El problema, claro, es que la ley llega donde llega, y existen muchas cosas malas que no están prohibidas y muchas cosas buenas que no son obligatorias. Como debe ser. La ley debe llegar para castigar aquello que supone un daño a un tercero, pero la mayor parte de lo que hacemos en la vida no llega a tanto. Eso no quita para que se pueda hacer un juicio moral, decidir si nuestras acciones son malas o buenas dependiendo de nuestro particular punto de vista, que puede ser compartido por la mayoría de los ciudadanos, o no.
Cuando una entidad –sea un individuo, una empresa o una asociación de autores– hace rutinariamente cosas legales pero malas para casi todos los que no se benefician de ello, lo razonable sería que se planteara si no estará metiendo la pata. En demasiadas ocasiones, sin embargo, se enroca en que lo que hace está permitido y, por tanto, el que se considere negativo es sólo un asunto de percepción, de que los demás no entienden bien el problema, de que están equivocados porque algún ser pérfido –por ejemplo, los medios de comunicación o algún partido político– se ha esforzado en ensuciar su imagen.
Siendo una actitud evidentemente equivocada, desgraciadamente cada día es más habitual. La razón es que estamos incentivando la confusión entre moral y ley. Muchos conservadores critican a los liberales porque algunos de ellos creen que deberían liberalizarse las drogas, legalizarse la prostitución y, en definitiva, despenalizar los vicios de cada uno. En algunos casos se debe a la creencia de que las consecuencias serán malas para la sociedad, pero en otros porque piensan que quien promueve estos cambios está sancionando moralmente esos comportamientos. No es así. Se puede estar en contra de la prostitución o de las drogas, desaconsejar a todo el orbe conocido que incurran en esos vicios y, sin embargo, no querer que el Estado los castigue.
Es curioso cómo en algunos ámbitos la distinción parece estar clara. No se sabe ya cuánto se ha repetido la frase aquella de "no estoy de acuerdo con nada de lo que dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a decirlo". De algún modo, al menos si no eres el Grupo Prisa, parece haberse asumido que el derecho a la libertad de expresión no depende de nuestra opinión sobre lo que se dice. Pero no se traslada ese razonamiento a otros ámbitos. En cuanto vemos algo en la tele que no nos gusta, el Gobierno debe prohibirlo. Cuando éste o aquél realizan actividades que nos escandalizan, el Parlamento debería hacer una ley.
Y según nos deslizamos por esa pendiente, se vuelve más difícil recordar la distinción entre moral y ley y que te entiendan. Así, deja de resultar extraño que la SGAE o Teddy Bautista se defiendan de sus múltiples comportamientos inmorales alegando que la ley les da derecho a hacerlo. Quizá casos tan escandalosos para la mayoría podrían conseguir que se invierta esa tendencia. Pero no tendremos tanta suerte.
Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vicepresidente del Instituto Juan de Mariana.
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Sucede como en el siglo XVI: que por haber piratas, los gobiernos han creado corsarios. Ya se sabe, grupos protegidos por una patente de corso otorgada por los Estados, que les permite esquilmar galeones siempre y cuando presten servicio al Gobierno. 
Recuerdo un artículo de Carlos Rodríguez Braun, columnista de esta casa, que se titulaba El insólito caso de los sombreros. Es uno de esos textos que quedan grabados en la memoria esperando su oportunidad para salir a la luz en el momento adecuado, y así poder dar la impresión de que tengo ideas creativas. Es falso, pues la mayoría son prestadas. Aún así creo que he encontrado un buen escenario para sacarlo a flote.
El artículo cuenta que, en los años 50, de la noche a la mañana la gente dejó de llevar sombrero. Las empresas que los fabricaban empleaban a millones de personas, y la desaparición de las ventas podía haber llevado a la miseria a todos esos empleados y empresarios. El ser humano tiende a ser conservador y se resiste a cambiar lo que lleva haciendo toda su vida. Sin embargo, en el caso de los sombreros se tomó la vía rápida. Para nuestra sorpresa, el Gobierno no subió los impuestos para darles subvenciones y así sostenerles de forma artificial. Aunque el proceso fuera doloroso, el sector se reconvirtió y así se evitó la miseria. Lo que hicieron fue comenzar a comercializar pantalones vaqueros.
Más recientemente, en la industria informática, la comercialización del CD fue un gran éxito. Sustituyó incómodas cintas, discos de vinilo y disquetes para ordenador. Para el mundo de la música fue una revolución, y gracias a eso las compañías discográficas han ganado mucho dinero. Ahora, como sucede con casi todo, este producto está siendo sustituido por nuevas tecnologías. Los discos de música sólo comienzan a tener la demanda de los nostálgicos, como sucede con los vinilos o los sombreros. El grueso de la población mundial pronto no querrá ni ver este tipo de formatos. ¿Significa esto que la música vaya a desaparecer, como dice el lobby de la ceja? En absoluto.
Algunas empresas ya han comenzado la reconversión del sector. Apple ha registrado unos beneficios récord en el peor año de la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial. Lo ha hecho vendiendo dispositivos que permiten llevar en el bolsillo tantos álbumes de música como se pueda imaginar. El portal iTunes ha superado a Wal-Mart como primer vendedor de música del mundo, llegando a principios de 2009 a más de 4.000 millones de canciones vendidas, a euro la canción. El descenso de los costes, además, permite que el porcentaje de ingresos que se destina a derechos de autor sea mucho mayor que nunca.
Es normal que los productores musicales presionen a Zapatero para que sostenga su negocio con dinero público. Lo reprobable es que el presidente les haga caso. El Gobierno ha incluido nuevas medidas para evitar la reconversión del sector en su Ley de Economía Sostenible, que es un programa económico que se basa en subvencionar lo que por sí solo es insostenible. El problema es que Rodríguez Zapatero donde hay procesos económicos naturales, sólo ve caladeros de votos. A eso se une que, como político profesional, considera internet una selva que escapa de su control, y no lo puede permitir. Por ello ha sacado la tijera de la libertad, y ha tratado de atribuirse poder para cortar conexiones por decisión administrativa. Hoy es por devolverle al sindicato de la ceja los favores prestados. Mañana tendrá otra excusa.
Al final sucede como en el siglo XVI: que por haber piratas, los gobiernos han acabado creando corsarios. Ya se sabe, grupos protegidos por una patente de corso otorgada por los Estados, que les permite esquilmar galeones siempre y cuando presten servicio al Gobierno. Es cierto que hay piratas, que son los que hacen negocio a partir de creaciones ajenas, ya sean películas, canciones, libros o programas informáticos. Por supuesto, no los que descargan música para uso privado, pues este servicio lo ofrecen, incluso, las páginas web de los artistas o el propio iTunes. Escuchar las canciones de forma libre incrementa ventas de entradas para conciertos y extiende la popularidad de los artistas a lo largo del planeta.
Los corsarios de hoy, como antaño, son los que nos quitan el dinero para su provecho bajo el amparo del Gobierno, alegando que se les acaba su antiguo negocio. La patente de corso toma forma de canon digital, de subvenciones con dinero público o de este intento de control político de la red. La mala noticia para Zapatero es que la gente está demostrando que peleará por ese océano de libertad que es internet, por muchos corsarios que conspiren por hacerse con el botín. Es decir, con nuestro dinero.
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