LD (M. Llamas) El canon digital entró en vigor en junio del pasado año, tras casi año y medio de retraso. La falta de acuerdo entre las entidades de derechos de gestión y la industria tecnológica obligó a los ministerios de Cultura e Industria a negociar y, finalmente, acordar las tarifas del nuevo canon digital, hoy vigentes.
Mediante esta tasa, que grava determinados productos y soportes tecnológicos "idóneos", según la ley, para el almacenamiento y reproducción de contenidos protegidos por derechos de autor, las entidades perciben una compensación económica por la copia privada de sus obras que realizan los particulares. Dicha recaudación acaba en el bolsillo de un reducido grupo de autores, tal y como avanzó LD.
Desde la aprobación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, en junio de 2006, ha tenido lugar una compleja y difícil negociación, no exenta de polémica, tanto social como política, sobre los productos y tarifas incluidos en el nuevo canon digital. De hecho, hubo varias fases. En diciembre de 2006, la industria tecnológica y las entidades de gestión de derechos de autor abandonaron la mesa de negociación ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre esta materia.
A partir de entonces, los ministerios de Cultura e Industria fueron los encargados de establecer los soportes y tarifas a aplicar. El acuerdo no fue sencillo y, de hecho, no se alcanzó hasta diciembre de 2007, cuando se filtró a los medios de comunicación la orden interministerial que establecía las tarifas del canon, así como los soportes y los dispositivos sobre los que aplicar dicha tasa.
Sin embargo, hubo un acuerdo previo. Cultura e Industria alcanzaron un principio de acuerdo en septiembre de 2007, en donde el Gobierno establecía una rebaja sustancial del canon sobre los CD y DVD. En concreto, tal y como entonces publicó la cadena Ser, con fecha del 13 de septiembre, ambos ministerios acordaron reducir de 0,22 a 0,15 euros el canon sobre cada CD, y de 0,60 a 0,24 el de DVD. Es decir, una rebaja del 30% y el 60%, respectivamente, sobre las tarifas vigentes. Una información que también fue publicada por Expansión en esas mismas fechas.
Dicha decisión levantó entonces las críticas de determinadas entidades de gestión, ya que el 85% de la recaudación del canon provenía de la venta de estos soportes. Así, los creadores audiovisuales y sus entidades de gestión pusieron el grito en el cielo, ya que podrían perder entre un 40% y un 45% de sus ingresos anuales por canon, según sus cálculos.
Fue entonces cuando Pilar Bardem, presidenta de la entidad AISGE, junto a los responsables de EGEDA, Enrique Cerezo, y DAMA, Enrique Urbizu,decidieron escribir una carta a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, solicitando su intermediación.
La misiva, a la que ha tenido accedo Libertad Digital, está fechada el 7 de septiembre de 2007, y sus intenciones son claras. En concreto, las citadas entidades indican que el 6 de septiembre Industria y Cultura confirmaron las líneas generales del acuerdo alcanzado sobre el nuevo canon digital. Según la carta, "el borrador propuesto por los ministerios se basa, incomprensiblemente, en la rebaja sustancial -cercana al 60% de la cuantía actual- de la compensación [canon] aplicable a CDS y DVDS, compensación que supone actualmente el 80% de la recaudación audiovisual".
Así, "de hacerse efectiva la fuerte reducción de la compensación en los CDS y DVDS, especialmente en estos últimos soportes, se lesionará gravísimamente los intereses de los titulares de derechos audiovisuales reduciendo en más de un 50% la vital recaudación que por este concepto vienen recibiendo miles de artistas, actores, directores, guionistas y productores audiovisuales que representamos", añade la carta.
La misiva, publicada por LD, indica que "ante esta grave situación [...] hemos creído oportuno poner en su conocimiento el impacto negativo que tendría para los titulares de derechos audiovisuales de hacerse efectiva", en referencia al borrador de orden interministerial acordada entonces por Cultura e Industria.
"Por ello, queremos solicitarle la reconsideración de la propuesta y desearíamos mantener un encuentro a la mayor brevedad posible [...] en el que poder transmitirle de primera mano la honda preocupación existente" entre los artistas audiovisuales. Las entidades firmantes indicaban a De la Vega que en esa reunión le entregarían una "propuesta alternativa que asegure el montante máximo acordado por los ministerios y la percepción de una compensación equitativa a nuestros titulares de derechos del sector audiovisual". Es decir, solicitaron a De la Vega aumentar las tarifas del canon sobre CDS y DVDS.
Y continúa. "Creemos que en esta materia es imprescindible la mediación de su persona para paralizar la propuesta de los ministerios implicados, sabedores de la sensibilidad que siempre ha mostrado frente a las reformas que en materia de propiedad intelectual han sido acometidas por el actual Gobierno, y que una vez más sabremos reconocerle públicamente". Es decir, a cambio del apoyo y la intermediación de De la Vega, los artistas se comprometieron con el Ejecutivo a prestarle apoyo público.
Cabe recordar que entonces apenas faltaban escasos meses para la celebración de las elecciones generales del 9 de marzo de 2008. Como resultado, pese a que inicialmente el canon sobre CDS y DVDS acordado por los ministerios contemplaba una rebaja drástica sobre las tarifas vigentes, de entre el 30% y el 60% respectivamente, la realidad es que la orden interministerial hecha pública en diciembre de 2007 subió las tarifas.
En concreto, el Gobierno decidió finalmente establecer un canon digital de 0,17 euros sobre los CD y de 0,44 sobre los DVD. Esto es, una rebaja próxima al 20% frente a las tarifas vigentes anteriormente, menos que lo contemplado en el borrador inicial de ambos ministerios. Por si ello fuera poco, el Gobierno impuso una tasa de 1,10 euros sobre los teléfonos móviles o PDA (que dispongan de MP3), y un canon de 12 euros a todos los discos duros de ordenador, a excepción de los instalados en fábrica.
Sin embargo, pese a que la orden interministerial salió a la luz en diciembre de 2007, su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se retrasó hasta junio de 2008, debido a la cercanía de las elecciones generales y a la introducción de determinadas variaciones de menor relevancia, tal y como avnzó LD.
La Plataforma de la ceja
Casualmente, poco antes de las elecciones de marzo de 2008, y en cumplimiento de lo prometido por los autores en la citada carta, se constituyó la denominada Plataforma de Apoyo a Zapatero (PAZ), conocida comúnmente como los artistas de la ceja. Dicha plataforma jugó un papel muy activo en la pasada campaña electoral de cara a los comicios de marzo ofreciendo todo su apoyo al PSOE.
Por último, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió nombrar como nueva ministra de Cultura a Ángeles González Sinde, presidenta de la Academia de Cine, dando otro espaldarazo a los artistas de la ceja, ya que su objetivo es ahora limitar las descargas y el intercambio de archivos por internet.
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